Pese a que una investigación interna confirmó un fraude por más de 39 millones de pesos en el Cuerpo de Bomberos de Temuco, que incluye facturas falsas y servicios inexistentes, el Directorio General decidió no sancionar ni pedir la renuncia de los altos mandos responsables de fiscalizar los fondos. La revisión sólo abarcó nueve meses, pero el impacto ya resquebraja la confianza de la ciudadanía en una de las instituciones mejor evaluadas del país.
El origen del dinero y la opacidad en la administración
El dinero comprometido en el fraude proviene directamente de fondos públicos entregados por la Junta Nacional de Bomberos. Se trata de aportes estatales destinados a la operatividad de las compañías, los cuales son distribuidos anualmente y ejecutados por las directivas locales. La gravedad del caso no radica sólo en el monto malversado, sino en que la auditoría reveló múltiples irregularidades en una etapa de solo nueve meses del período 2022-2023.
Una auditoría acotada que destapó un escándalo mayor
La auditoría interna detectó facturas duplicadas, servicios no prestados, y compras simuladas, entre ellas el cobro por el supuesto arriendo de un dron que nunca existió. La investigación también constató que los pagos fueron autorizados por personas cercanas a quienes luego se beneficiaron de los fondos, lo que configuraría una triangulación de intereses que viola los principios básicos de probidad administrativa.
Más de $39 millones defraudados en apenas 9 meses
El informe final identificó un total de $39.653.067 en pagos sin respaldo o con documentación irregular. Entre los antecedentes revisados figuran compras sin cotización, servicios contratados sin respaldo contractual y pagos realizados a personas naturales vinculadas a la estructura operativa de la institución.
Responsabilidad política sin consecuencias prácticas
A pesar de la contundencia de los antecedentes, el Directorio General del Cuerpo de Bomberos de Temuco acordó, en una votación dividida, no exigir sanciones administrativas ni renuncias. Incluso, varios de los votantes involucrados en decisiones anteriores fueron parte de la deliberación, lo que generó un fuerte cuestionamiento ético.
El Directorio General se niega a actuar
Según registros internos, la auditoría fue remitida en diciembre de 2023 y fue conocida por los miembros del Directorio General durante el primer trimestre de 2024. Sin embargo, durante los meses siguientes no se realizaron acciones concretas para esclarecer las responsabilidades ni se implementaron mecanismos de control para evitar nuevos casos.
Voluntarios piden renuncias por dignidad institucional
Tras conocerse los resultados de la auditoría, voluntarios de distintas compañías manifestaron su molestia, exigiendo explicaciones públicas. A través de cartas internas, correos electrónicos y reuniones extraordinarias, se ha pedido la salida de quienes autorizaron los gastos, así como de quienes encubrieron o minimizaron la situación.
Red de vínculos familiares y omisiones clave
Uno de los puntos más polémicos del caso es la existencia de vínculos familiares entre quienes ejecutaron los pagos y quienes debían fiscalizarlos. La auditoría incluso menciona pagos a proveedores relacionados con oficiales en ejercicio, lo que pone en duda la imparcialidad del sistema de rendición de cuentas.
Una carta anónima que rompe el silencio
El caso comenzó a visibilizarse tras la llegada de una carta anónima que denunciaba posibles fraudes. Esta misiva fue clave para que se activara la auditoría, pese a que durante meses se intentó evitar su difusión. La resistencia interna a esclarecer el caso ha sido interpretada como un síntoma de un problema estructural de gobernanza al interior de la institución.
«Votaron por sí mismos»: ética en entredicho
Uno de los aspectos más criticados por los voluntarios fue que miembros del Directorio con vínculos en la administración anterior participaron de la votación que resolvió no sancionar a los implicados. Esta situación ha sido calificada como una falta de ética institucional y ha abierto el debate sobre la necesidad de modificar los estatutos para evitar conflictos de interés en decisiones clave.
La confianza ciudadana en juego
La falta de consecuencias concretas frente a un fraude de esta magnitud amenaza con dañar gravemente la imagen pública de Bomberos de Chile. La ciudadanía, que históricamente ha respaldado a la institución, podría comenzar a exigir mayores niveles de transparencia y control sobre los recursos públicos que se entregan a estas organizaciones.
El caso aún no ha sido derivado a la Contraloría ni al Ministerio Público, y permanece en la esfera interna del Cuerpo de Bomberos. Mientras tanto, los cuestionamientos siguen creciendo y las respuestas siguen pendientes.
