La Contraloría General de la República ordenó a la universidad de Temuco devolver más de 4.300 millones de pesos por mal uso de fondos estatales; al mismo tiempo, el personal de su fundación acusó reiterados atrasos en el pago de sueldos, afectando a unas 120 personas.
En un informe divulgado este martes, la Contraloría concluyó que la Universidad de La Frontera (UFRO) recibió más de 27.417 millones de pesos del Aporte Institucional de Universidades Estatales (AIUE) durante el periodo 2019-2024, pero sólo rindió 21.776 millones, detectándose una falta de disponibilidad de más de 4.339 millones en cuentas de control financiero. Asimismo, se observaron traspasos improcedentes de fondos por más de 5.650 millones para remuneraciones del personal y otras inconsistencias en la rendición del gasto. La universidad debe reintegrar los montos al fisco y acreditar antecedentes ante la Contraloría en 30 días hábiles.
Paralelamente, trabajadores de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y el Aprendizaje (FUDEA), organismo dependiente de la UFRO, denunciaron que las remuneraciones de septiembre aún no han sido canceladas, sumándose a atrasos que datan de abril. Alrededor de 120 personas de las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Ñuble afirmaron que han recibido divisiones parciales de sus sueldos y en fechas fuera de lo contractual. Según los empleados, los problemas se originaron tras la orden de devolución de recursos de la Contraloría, lo que habría afectado la liquidez de la fundación.
La universidad reconoció que los hechos “corresponden a procedimientos administrativos irregulares ejecutados en el periodo 2023-2024” y señaló que ha iniciado auditorías internas, denuncias penales y un plan de ajuste financiero para asegurar la continuidad de funciones esenciales. Sin embargo, los trabajadores exigen una solución inmediata al atraso, emplazando al rector y a la casa de estudios a cumplir con sus obligaciones y garantizar el cumplimiento laboral.
Este doble escenario evidencia una crisis institucional que combina la fiscalización de fondos públicos con la preocupación por el bienestar laboral del personal que presta servicios en organismos vinculados al sistema estatal, y plantea un desafío de transparencia y responsabilidad para la universidad en la región.
