Representantes de distintos partidos entregaron una carta en la Delegación Presidencial de La Araucanía para expresar su rechazo a los beneficios penitenciarios y exigir responsabilidades políticas al Gobierno.
Una manifestación frente a la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía realizaron durante la mañana de este jueves representantes de la Mesa de Mujeres de partidos de oposición, quienes llegaron hasta el edificio público para entregar una carta y expresar su rechazo a las rebajas de condena otorgadas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.
La actividad se desarrolló cerca de las 11:30 horas en Temuco y tuvo como propósito cuestionar las decisiones relacionadas con estos beneficios penitenciarios, además de exigir responsabilidades políticas al Ejecutivo por los criterios aplicados en su concesión.
Durante la convocatoria, las participantes cuestionaron las rebajas de condena concedidas a personas condenadas por delitos sexuales contra niños y niñas. En sus declaraciones, calificaron a los beneficiados como “pederastas” y apuntaron a la responsabilidad política del actual Gobierno.
Controversia que escala al ámbito político
La entrega de la carta en dependencias de la Delegación Presidencial buscó trasladar al escenario regional una controversia que durante las últimas semanas ha generado cuestionamientos desde organizaciones sociales y distintos sectores políticos.
El debate también llegó al Congreso, donde parlamentarios de oposición han solicitado explicaciones y responsabilidades políticas dentro del Ministerio de Justicia, además de cuestionar los criterios utilizados para conceder estos beneficios.
En Temuco, la manifestación incorporó una perspectiva regional y de género a la discusión, poniendo el foco en la protección de niños, niñas y adolescentes, así como en las consecuencias que estas decisiones pueden generar para las víctimas y sus familias.
Con esta acción, la Mesa de Mujeres de oposición buscó visibilizar su rechazo a las rebajas de condena y exigir que las decisiones del sistema penitenciario consideren especialmente la protección de la infancia y los derechos de las víctimas.
