En un hecho sin precedentes, la Fiscalía de Alta Complejidad formalizó a siete empresas madereras por el delito de receptación de madera robada, marcando un hito judicial en la lucha contra el crimen organizado en el sur del país.
La investigación, liderada por el fiscal Enrique Vásquez junto al OS-9 de Carabineros, permitió acreditar que durante el año 2022 las empresas formalizadas adquirieron madera sustraída desde predios pertenecientes a Forestal Mininco, ubicados en las comunas de Galvarino y Collipulli. Se trata de la primera vez en Chile que se imputa a personas jurídicas por este tipo de delito, lo que eleva el estándar de responsabilidad en el rubro forestal.
Las empresas involucradas en la formalización son Laminadora Los Ángeles S.A., Forestal Javier Pezoa EIRL, Inversiones Rayenco Ltda., Maderas Río Blanco SpA, Aserraderos Los Castaños Ltda., Servicios Forestales Rosario Ltda. y Procesadora de Madera Los Ángeles S.A. (PROMASA). La madera había sido robada por una organización criminal liderada por Miguel Terán Carrasco y Emanuel Espinoza Contreras, ambos condenados a cinco años de presidio por hurto y asociación ilícita.
Según explicó el fiscal Vásquez, “el objetivo fue romper la cadena de producción del delito y no solo perseguir a quienes sustraen la madera, sino también a quienes la compran sabiendo —o no pudiendo menos que saber— su origen ilícito”. La acción judicial logró identificar a 10 empresas, de las cuales siete ya fueron formalizadas y tres serán imputadas próximamente. En todos los casos, además de la persona jurídica, se formalizó a la persona natural que gestionó la compra.
Seis de las empresas aceptaron una suspensión condicional del procedimiento, comprometiéndose a entregar más de 80 millones de pesos en aportes directos a escuelas rurales de la comuna de Galvarino. Estos fondos beneficiarán directamente a niños, niñas y adolescentes del sector, en una medida que apunta a reparar el daño social causado.
La única compañía que rechazó esta salida alternativa fue PROMASA, que habría adquirido más de 2.300 m³ de madera robada, por un monto superior a los $144 millones. En este caso, el proceso judicial sigue adelante. “Esperamos presentar acusación formal en su contra. La investigación continúa tanto respecto de la empresa como de la persona natural involucrada”, sostuvo el fiscal.
Esta formalización representa un precedente legal relevante en la persecución del delito de receptación de madera robada, reforzando el rol del Estado en el combate al crimen organizado en zonas de alta conflictividad forestal.
