Jefes de bancada y presidentes de partidos opositores acudieron a la Contraloría para exigir que se investigue la falta de entrega de los decretos de rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad. Andrea Parra cuestionó al ministro Fernando Rabat y sostuvo que debe cumplir las obligaciones legales de transparencia.
Jefes de bancada y presidentes de partidos opositores solicitaron que el organismo fiscalizador investigue la falta de entrega de los antecedentes requeridos por la Defensoría de la Niñez. La diputada Andrea Parra cuestionó al ministro Fernando Rabat y advirtió que debe cumplir las obligaciones legales de transparencia.
Una nueva arista política y administrativa abrió la controversia por los decretos de rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Jefes de bancada y presidentes de partidos de oposición acudieron a la Contraloría General de la República para solicitar que fiscalice al Ministerio de Justicia y se pronuncie sobre la falta de entrega de los antecedentes requeridos por la Defensoría de la Niñez.
La presentación busca que el organismo contralor examine un eventual incumplimiento de las obligaciones administrativas de transparencia y determine si corresponde iniciar procedimientos sancionatorios. Además, los parlamentarios exigieron que el Ministerio de Justicia entregue los decretos y antecedentes solicitados a la brevedad.
El requerimiento se origina en una solicitud formulada por la Defensoría de la Niñez el pasado 22 de octubre, mediante la cual pidió información sobre las decisiones de rebaja de penas y estableció un plazo de cinco días para su entrega. Según los representantes de la oposición, ese plazo venció sin que el Ministerio proporcionara los documentos requeridos.
Andrea Parra cuestiona al ministro Rabat
La jefa de la bancada PPD-Independientes, diputada Andrea Parra, sostuvo que la Defensoría de la Niñez cuenta con atribuciones legales para solicitar información y establecer plazos de respuesta, por lo que cuestionó la decisión del Ministerio de Justicia de no entregar los antecedentes.
«El ministro Rabat no se manda solo», afirmó la parlamentaria, quien acusó contradicciones en las explicaciones entregadas por el titular de Justicia respecto del carácter público de los decretos.
Parra señaló que, mientras anteriormente el ministro habría sostenido que la información era pública, posteriormente habría justificado su negativa a entregar los documentos en la necesidad de proteger a las víctimas.
A juicio de la diputada, esa explicación no libera al Ministerio de sus obligaciones legales ni de los mecanismos de fiscalización que corresponden a los organismos competentes y al Congreso.
La parlamentaria agregó que la presentación ante Contraloría busca que se haga cumplir la normativa y se determine si existieron responsabilidades administrativas en la falta de respuesta.
PPD acusa falta de transparencia y cuestiona protección a las víctimas
Por su parte, el presidente del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, cuestionó que el Ministerio de Justicia mantenga su negativa a entregar los antecedentes, pese al requerimiento formulado por la Defensoría de la Niñez y las solicitudes realizadas por parlamentarios.
El dirigente sostuvo que han transcurrido 13 días desde que el caso tomó conocimiento público y cuestionó las razones del Gobierno para mantener la información sin entregar.
«¿Por qué el gobierno se sigue negando a transparentar y entregar toda la información? ¿A quién protegen? ¿Qué ocultan?», planteó Soto.
El presidente del PPD también manifestó preocupación por las acciones judiciales impulsadas en favor de las víctimas, señalando que la falta de acceso a todos los antecedentes podría dificultar el trabajo de la Defensoría de la Niñez.
En ese contexto, invocó los principios de transparencia, publicidad, coordinación y eficacia que rigen la administración pública, argumentando que existen disposiciones legales y pronunciamientos de Contraloría que respaldarían la obligación de entregar la información.
Frente Amplio exige respuestas para las víctimas
La diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Emilia Schneider, también cuestionó la actuación del Ejecutivo y aseguró que la oposición continuará insistiendo hasta obtener respuestas para las víctimas.
La parlamentaria exigió que el Gobierno entregue los antecedentes y asuma su responsabilidad frente a la controversia, además de presentar una propuesta concreta para abordar la situación.
Schneider sostuvo que la actuación del Ejecutivo respondería a una estrategia para enfrentar las críticas, cuestionando que todavía no exista una respuesta que permita esclarecer completamente lo ocurrido.
Contraloría deberá examinar el requerimiento
Con esta presentación, la oposición busca trasladar la controversia desde el debate político hacia el ámbito del control administrativo, solicitando que la Contraloría examine la actuación del Ministerio de Justicia y determine si corresponde adoptar medidas.
El punto central de la disputa es el acceso a los decretos de rebaja de penas y los antecedentes que fundamentaron esas decisiones, en un caso que involucra la protección de víctimas de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
La controversia también abre un debate sobre cómo compatibilizar la transparencia de los actos administrativos con la protección de la identidad, privacidad y demás derechos de las víctimas.
Por ahora, la oposición exige que los documentos sean entregados y que se determinen eventuales responsabilidades. La resolución de Contraloría y la respuesta del Ministerio de Justicia serán claves para esclarecer el alcance de las obligaciones de información y las razones que sustentan la reserva invocada.
