Ricardo Toro, actual administrador municipal de Temuco, enfrenta serios cuestionamientos por su presunta vinculación con dos empresas que han sido favorecidas con contratos públicos por más de 2.400 millones de pesos. La denuncia, realizada por la concejala de Renovación Nacional, Claudia Peñailillo, apunta a un eventual conflicto de interés que podría derivar en su destitución.
Los antecedentes apuntan a que Toro trabajó en la empresa Inversiones del Lago (Idela) antes de ingresar al equipo del alcalde Roberto Neira en 2021. Inicialmente fue designado como director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan), y posteriormente asumió el cargo de administrador municipal.
Durante su permanencia en la municipalidad, las empresas Socosur e Icosen, ambas con estrechos vínculos con Idela, fueron beneficiadas con millonarias adjudicaciones. En 2022, Socosur recibió más de 2 mil millones de pesos para prestar servicios de apoyo a la Dirección de Operaciones. El acta de adjudicación incluye la firma de Toro en su calidad de director de Secplan.
En tanto, en 2023, la empresa Icosen fue seleccionada para construir un Centro de Esterilización de Mascotas en el sector de Labranza, con una adjudicación de más de 200 millones de pesos. Según los registros, Idela —la ex empleadora de Toro— posee al menos el 90% de la participación en Icosen.
Consultado por los hechos, Toro negó cualquier irregularidad, asegurando que los procesos de licitación cuentan con múltiples revisiones y la aprobación del Concejo Municipal. «Se trata de afirmaciones que dañan la honra», declaró a La Radio. Además, sostuvo que la edil estaría malinterpretando los antecedentes.
Pese a ello, la concejala Peñailillo insiste en que existen suficientes elementos para cuestionar la probidad del funcionario. “Podría existir un conflicto de interés, ya que el administrador trabajó en Idela, empresa controladora de estas firmas contratistas del municipio”, sostuvo, agregando que pedirá formalmente su destitución.
Para avanzar con esta solicitud, la normativa exige el respaldo de al menos dos tercios del Concejo Municipal en ejercicio. Mientras tanto, los hechos están generando creciente presión sobre la administración del alcalde Neira, en medio de un contexto político ya marcado por la fiscalización ciudadana y la demanda de mayor transparencia en el uso de recursos públicos.
