La investigación también alcanza al exvicepresidente Álvaro García Linera por el operativo policial de 2009 en Santa Cruz que terminó con tres personas muertas. La causa se origina en una denuncia presentada por el partido Alianza Libre y apunta a presuntos delitos de asesinato, vejaciones, torturas y privación de libertad.
La Fiscalía General del Estado de Bolivia abrió un proceso penal contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera por el denominado caso Hotel Las Américas, relacionado con un operativo policial realizado en 2009 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra que dejó tres personas fallecidas.
Según informó la emisora boliviana Erbol, la actuación judicial se inició a partir de una denuncia presentada por el partido opositor Alianza Libre. Entre los delitos atribuidos en la causa figuran asesinato, vejaciones, torturas y privación de libertad.
El proceso busca esclarecer las responsabilidades por el operativo policial y las circunstancias en que murieron tres personas y otras dos fueron detenidas, acusadas entonces de integrar una presunta célula terrorista.
El operativo que marcó el caso
Los hechos ocurrieron el 16 de abril de 2009, cuando efectivos de la Policía boliviana ingresaron al Hotel Las Américas, en Santa Cruz. El procedimiento terminó con la muerte de tres personas, entre ellas el ciudadano irlandés Michael Dwyer, y la detención de otras dos.
En ese momento, Morales ejercía la Presidencia de Bolivia y se encontraba de viaje en Venezuela. Posteriormente, reconoció haber ordenado el operativo. García Linera ocupaba la Vicepresidencia y asumía las funciones presidenciales durante su ausencia.
El Gobierno de entonces sostuvo que la intervención policial formaba parte de una acción contra el terrorismo. Sin embargo, el procedimiento fue cuestionado y dio lugar a denuncias sobre presuntas irregularidades, además de acusaciones de extorsión vinculadas al caso.
La causa terminó cerrándose durante el Gobierno de Jeanine Áñez, aunque las denuncias y los cuestionamientos sobre las circunstancias del operativo continuaron formando parte de la controversia.
La denuncia llegó al sistema interamericano
Los familiares de Michael Dwyer y los sobrevivientes del operativo acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde denunciaron vulneraciones de derechos humanos relacionadas con los hechos.
Según los antecedentes difundidos, la Comisión determinó que se produjeron vulneraciones y que correspondía establecer medidas de reparación.
El caso adquirió relevancia internacional por las circunstancias de las muertes, las detenciones y las denuncias sobre el procedimiento policial. La nueva acción penal busca reabrir el debate judicial sobre las eventuales responsabilidades de las autoridades de la época.
El proceso debe cumplir etapas institucionales
De acuerdo con la información publicada por Erbol, la tramitación contempla la intervención del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el cumplimiento de los procedimientos previstos para juzgar a expresidentes por hechos vinculados al ejercicio de sus funciones.
Según los antecedentes entregados, si la Fiscalía identifica indicios suficientes para avanzar, deberá remitir el requerimiento correspondiente al Parlamento boliviano, donde la autorización del juicio de responsabilidades exige una mayoría de dos tercios.
La apertura de la causa no equivale a una condena. La responsabilidad penal de Morales y García Linera deberá establecerse mediante el procedimiento judicial correspondiente y con respeto de las garantías procesales.
