Hugo A. Benítez
Instituto One Health, UNAB
Instituto Milenio BASE
Centro Internacional Cabo de Hornos
Chile lleva años diciendo que quiere diversificar su economía, aumentar la productividad, innovar, responder al cambio climático y dejar de depender de la extracción de recursos naturales. Sin embargo, cuando llega el momento de decidir dónde poner los recursos, la ciencia vuelve a aparecer como algo prescindible.
Lo paradójico es que esto ocurre en un país que ya invierte extraordinariamente poco en investigación y desarrollo. Chile se ha mantenido durante años alrededor del 0,3–0,4% del PIB en I+D, muy lejos de las economías con las que pretende compararse. La brecha con el promedio de la OCDE sigue siendo enorme.
Podemos aumentar FONDECYT, pero si al mismo tiempo reducimos dramáticamente el equipamiento, ¿con qué infraestructura desarrollaremos esos proyectos? Podemos formar doctores, pero si reducimos su inserción, ¿dónde desarrollarán sus carreras? Podemos hablar de inteligencia artificial, biotecnología, transición energética, conservación de la biodiversidad o preparación frente a nuevas enfermedades, pero todas esas áreas dependen de capacidades científicas que tardan décadas en construirse.
Naturalmente, el Estado tiene la responsabilidad de revisar sus gastos, evaluar programas y exigir eficiencia, y la ciencia no puede quedar exenta de evaluación. Pero eficiencia no significa simplemente gastar menos. Una verdadera política científica debe preguntarse qué capacidades necesita Chile dentro de diez, veinte o treinta años.
Pero un país que reduce de manera sistemática su capacidad científica no está ahorrando únicamente; está renunciando a posibilidades futuras.
